Asociaciones Público Privadas y la entrega de los establecimientos de Salud

La entrega de los establecimientos a las APPs representa la privatización de la salud

Actualmente, en algunos hospitales de Lima, como el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, existe una cartera de servicios que se ha concesionado a las Asociaciones Público Privadas (APPs). En otros hospitales se está evaluando concesionar los servicios de radioterapia (Hospital Nacional María Auxiliadora y Hospital Nacional Dos de Mayo).

Existen 3 hospitales que fueron construidos con inversión del Estado y entregados en concesión (APPs) a empresas privadas: Hospital Alberto Barton del Callao, Hospital Guillermo Kaelin de Villa María del Triunfo (ambos de EsSalud), y el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja; los dos primeros están concesionados por 30 años y el tercero por 10 años. Además, el trabajo del médico está tercerizado, sin obtener los beneficios que por Ley le corresponden.

En el campo de las APPs, el Seguro Integral de Salud (SIS) juega un rol de operador financiero, contratando prestadores de servicios de salud con tarifas elevadas, saliendo perjudicadas las instituciones estatales en el convenio. Por el contrario, las instituciones de salud privadas, obtienen un mejor beneficio al atender pacientes referenciados de los hospitales del Estado.

El Dr. Raúl Urquizo, Decano del Consejo Regional III de Lima, exigió al Gobierno de turno tener más interés en la salud de la población y no verla como un negocio. “Los médicos atienden pacientes, no clientes. Se debería garantizar un tratamiento adecuado, donde prime la salud del paciente”.

Asimismo, el Decano exhortó al Estado peruano cumplir con lo estipulado en la Constitución Política, garantizando la salud pública y el derecho al trabajo digno. La entrega de los establecimientos a las APPs es la privatización de la salud, por cuanto las empresas concesionarias ven a la salud como un negocio, más no como un derecho; así mismo vulneran el derecho al trabajo digno.